Después de un largo debate en el Congreso Nacional, la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados dirigida por el Diputado Alberto Cardemil, aprobó y despachó el proyecto de indulto conmutativo, el cual beneficia a unas 4000 personas que se dividen en tres grupos: a) Mujeres que actualmente se encuentran condenadas y privadas de libertad, a las cuales le resten seis meses para cumplir dos tercios de su condena y aquellas que sean madres con hijos menores de dos años, que tengan conducta sobresaliente en los últimos tres bimestres y que no estén condenadas por infringir la Ley 20.000 (microtráfico de drogas); b) Condenados que se encuentren bajo el régimen de permiso de salida controlada al medio libre; c) Condenados que estuvieren cumpliendo penas de reclusión nocturna en establecimientos de Gendarmería de Chile.
Durante el año 2011, a la mencionada instancia legislativa fueron invitados a exponer diferentes profesionales de Gendarmería de Chile, entre ellos el ingeniero sancarlino, Eliseo Bastías Rodríguez (Dirigente y miembro Comisión de Diálogo Parlamentario de la Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Gendarmería de Chile ADIPTGEN) quienes entregaron diferentes propuestas para mejorar el proyecto original enviado por el ejecutivo, entre otras a) el bajar de cinco a dos años el control de las personas beneficiadas con el indulto y que una vez finalizado este período se eliminen sus antecedentes prontuariales y b) el considerar presupuesto para el arriendo de oficinas para llevar el control administrativo y contratación de personal especializado que garantice el éxito de la iniciativa, dedicados a acompañamiento y reinserción social de los beneficiados.
Con la aprobación de la Ley de Indulto Conmutativo, lo primero que se puede concluir es que hay un reconocimiento claro y explícito de que existe una profunda crisis en el sistema penitenciario que abarca varias dimensiones, entre los cuales se destaca el hacinamiento y la sobre población. Resulta loable que la autoridad política lo reconozca y tenga una disposición propositiva frente a una realidad, sobre todo después de vivir el drama del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, donde perecieron 81 jóvenes el ocho de diciembre del año 2010.
Cada cierto tiempo la autoridad política, administrativa, los representantes del poder judicial, los académicos y los gremios han insistido repetidamente en este tema. Lo que pasó en San Miguel sólo es una perfecta, pero perversa “crónica de una muerte (s) anunciada (s)”; ante esta tragedia todo el país se olvidó de los anatemas contra los “delincuentes” y “bandidos”, se vio por cadena nacional la cara humana de personas privadas de libertad y sus familiares, a cada telespectador le quedó claro que los “delincuentes” también son personas, padres, hijos que aman y lloran.
El sacrificio de 81 seres humanos purificó el alma de millones y abrió un sentido de solidaridad y comprensión.
Resulta positivo que se haya abierto un espacio de discusión que valore los principios humanistas para pensar las políticas públicas, que se ven reflejadas en parte por la iniciativa legislativa nombrada. El contexto de análisis es más propicio para que domine la sensatez y la comprensión por fenómenos sociales complejos, como la delincuencia, el consumo de alcohol, la violencia y el temor.
Sin lugar a dudas el incendio de la cárcel de San Miguel marcó un antes y después en el actuar del gobierno frente al combate de la delincuencia. La sociedad chilena fuertemente remecida por ésta y otras situaciones extremas durante el año 2010, como fueron el terremoto del 27 de febrero y el accidente en la mina San José, que deja atrapados a 33 mineros durante largos meses, reaccionó y se dio cuenta que aquellos que se reprimen son personas, que aunque hayan cometidos faltas contra la sociedad, no sólo necesitan el castigo de ésta, sino el apoyo para su rehabilitación.