Piden cancelar fundación de los 33 mineros


"Nunca entendieron que (Los 33) es una fundación, pensaron que era una sociedad para repartir plata"

CDE pidió cancelarles la personalidad jurídica porque la organización "no está cumpliendo los fines para los cuales fue constituida".
Los 33 (mineros) éramos directores y es imposible reunir a todos en una sesión de directorio" Luis Urzúa Fundación Los 33 de Atacama
A dos meses de que se cumplan 6 años del rescate de los 33 mineros —quienes permanecieron 70 días bajo 700 metros bajo tierra en la mina San José—, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la "Fundación Los 33 de Atacama" para conseguir la disolución y cancelación de la personalidad jurídica de esa entidad.
La acción judicial —interpuesta hace pocos días por el procurador fiscal del CDE de Copiapó, Adolfo Rivera— es el resultado de la denuncia de "negarse persistentemente a dar cuenta de los dineros recaudados de diversas instituciones que donaron recursos, desconociéndose su destino" que en 2014 hicieron cuatro de los 33 mineros en contra de Luis Urzúa, quien lideró el grupo de accidentados mientras estaban bajo tierra y que hasta hoy encabeza la fundación que se creó tras el rescate.
Según el escrito del CDE, además, Urzúa ha puesto en riesgo la administración del museo conmemorativo del accidente "dado que en su calidad de presidente de la fundación (que administra el museo) no habría presentado el necesario plan de trabajo", por lo que lo intervendría el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).
Los cuatro mineros denunciantes pidieron entonces al Ministerio de Justicia realizar una auditoría, la que concluyó con instrucciones precisas para normalizar el funcionamiento de la fundación, las cuales no se cumplieron pese a insistir en el tema. Por ello, el 26 de julio pasado el CDE pidió "que se disuelva la fundación y se cancele su personalidad jurídica, pues no está cumpliendo los fines para los cuales fue constituida".
Falta de reuniones
La petición tomó por sorpresa a Luis Urzúa, quien aseguró que no ha sido notificado de nada y que está tranquilo con su actuar como presidente de la fundación. "Todo el dinero (que se ha donado a la fundación) está justificado, declarado y entregado en el balance (contable) firmado por el contador que teníamos en la fundación", señala.
Agrega: "Recaudamos 6 millones de pesos cuando partió la fundación (2013) y después de ese no hemos recibido plata alguna de las empresas. No he querido hacer más gestiones para recibir donaciones hasta que no se aclare esto".
Y señala que "a las personas que denunciaron, los desafío a que comprueben que hice un desfalco. Si no lo hacen, la demanda irá contra ellos. El problema es que ellos nunca entendieron qué es una fundación sin fines de lucro, ellos pensaron que se trataría de una sociedad donde se repartiría plata entre todos".
Quien fuera líder de los mineros bajo tierra, asegura haber entregado "todos los documentos que correspondían. La única falla fue que no se hicieron las sesiones de directorio que estaban contempladas en los estatutos. Fue lo único".
Cuenta que "una vez no pudimos hacer la reunión porque estuvimos inundados por el aluvión y mandamos las fotos para demostrarlo. Y en otra oportunidad, llamamos a reunión y solo llegaron tres de los 33, por lo que tuvimos que suspenderla por falta de quórum".
—Están en riesgo de perder la fundación. ¿Qué harán?
—Una salida sería rehacer los estatutos de la fundación, porque cuando los hicimos fuimos mal asesorados, ya que los 33 éramos directores y es imposible reunir a todos en una sesión de directorio.
Una historia de conflictos
Con $10 millones, la fundación "Los 33 de Atacama"-registrada como "sin fines de lucro"- fue creada por el exjefe de turno de los mineros, Luis Urzúa, en mayo de 2013. Su objetivo es preservar la historia y las enseñanzas del derrumbe en la mina San José, proteger la zona para su uso turístico y apoyar a los pirquineros, ya sea con programas de apoyo o cursos de seguridad minera.
Desde el año pasado que algunos de los rescatados reclaman que sus directivos no han rendido cuentas.
La situación fue analizada por la subsecretaría de Justicia, que el 27 de febrero de 2015, que concluyó que la fundación había incumplido diversas normas en su funcionamiento, como no tener sesiones de directorio periódicas. Además, ordenó citar al directorio-compuesto por los 33 mineros- para recibir en detalle el estado de cuentas y la información respecto a en qué se invirtió el patrimonio inicial.
El año 2011, los mismos directivos de "los 33 de Atacama" tuvieron diferencias con el Estudio Carey y Cía. y con quienes habían establecido un lazo desde el 2010 encargándole la administración de todos los capitales provenientes de la película, el libro, publicidad y eventos relacionados a la imagen de os mineros.
Para ello fue creada la sociedad llamada Propiedad Intelectual Minera (PIM), que en esa época fue denunciada a la justicia por la misma directiva de la fundación por los delitos de estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación.
Los acusaron entonces de intentar echar abajo el proyecto, provocar separaciones internas y hacerlos parecer como víctimas.

Las dudas respecto del funcionamiento de la sociedad PIM surgieron por las comisiones y socios, ya que pese a las charlas que los mineros iban a dar al extranjero y a la realización de la película y el libro, aseguraban que no veían dinero y estaban muy complicados económicamente.

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