Manual del organismo establece que candidatos no pueden ocupar Facebook, Twitter e incluso WhatsApp.
Parlamentarios presentaron proyecto para revertir criterio en forma urgente.
Preocupación y malestar provocó este martes —tanto entre dirigentes del oficialismo como de la oposición— un manual del Servicio Electoral relativo a las elecciones municipales del 23 de octubre.
Preocupación y malestar provocó este martes —tanto entre dirigentes del oficialismo como de la oposición— un manual del Servicio Electoral relativo a las elecciones municipales del 23 de octubre.
En el "Manual de consulta de campaña y propaganda electoral", el Servel detalla entre otras materias las "actividades de propaganda electoral permitidas y no permitidas".
Entre estas últimas, por ejemplo, se incluyen la prohibición de "realizar propaganda en plazas, parques y otros espacios públicos no autorizados" por el Servicio, o el impedimento de desplegar piezas gráficas que superen los dos metros cuadrados.
Sin embargo, es la sexta prohibición, incluida en el capítulo referido a la propaganda electoral en los medios de comunicación, la que generó rechazo en un grupo políticamente transversal de diputados: no se puede "realizar propaganda electoral a través de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otros"
También se prohíbe el envío de mensajes y llamadas telefónicas.
El tema preocupó a los diversos sectores en el Congreso, que cuestionan que se castigue el uso de plataformas que los candidatos utilizan para comunicarse con el electorado y usan para dar a conocer su campaña y propuestas.
En ese marco, la situación fue analizada informalmente este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se acordó analizar este miércoles un proyecto de ley, presentado este martes por el presidente de RN, Cristián Monckeberg, que "incorpora al concepto de propaganda electoral el uso de plataformas remotas y redes sociales".
La iniciativa es apoyada por diputados de distintos sectores, entre ellos el diputado DC Ricardo Rincón, el PS y presidente de la Cámara Osvaldo Andrade, el PPD Guillermo Ceroni y el UDI Arturo Squella.
Junto con el ingreso del proyecto, Monckeberg se reunió este martes con los ministros del Interior, Mario Fernández, y el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre. Tras la cita, Monckeberg aseguró a T13.cl que los secretarios de Estado se comprometieron a poner "urgencia" a la iniciativa.
"Cuando nosotros no incluimos (en la discusión de la ley) el concepto de redes sociales en aquellos lugares donde se puede hacer campaña es porque forma parte de la libertad de expresión. La interpretación del Servel es como poner un bozal a los candidatos e impedir que expongan sus ideas. Conversamos con el Gobierno y están de acuerdo en que fue una mala interpretación de la ley, errada, y que van a ponerle urgencia al proyecto y la idea es que se revise esta semana en la Cámara de Diputados y pase rápidamente al Senado", dijo Monckeberg.
Respecto la resolución del Servel, el diputado DC Ricardo Rincón, también integrante de la comisión de Constitución, dijo a T13.cl que "es una lástima la restricción que están imponiendo a redes sociales y medios electrónicos. Y por ello hemos de suscribir un proyecto de ley varios diputados de la Comisión de Constitución para revertir tamaña arbitrariedad, que en caso de algunos sistemas es abiertamente inconstitucional pretender restringir las comunicaciones privadas".
Proyecto de ley
La iniciativa ingresada hoy a la Cámara de Diputados señala que el Servicio Electoral basó su manual en la recientemente creada Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, aprobada en medio de los casos de irregularidades en el financiamiento de la política y que, entre sus ejes, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas, además de rebajar el límite del gasto electoral.
La iniciativa ingresada hoy a la Cámara de Diputados señala que el Servicio Electoral basó su manual en la recientemente creada Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, aprobada en medio de los casos de irregularidades en el financiamiento de la política y que, entre sus ejes, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas, además de rebajar el límite del gasto electoral.
"De lo anterior (el artículo 30) el Servicio Electoral ha entendido que este concepto de propaganda electoral no contempla el uso de páginas web u otros mecanismos remotos de publicidad, lo que prohibiría el uso de plataformas virtuales y ameritaría la aplicación de sanciones a los candidatos que hagan uso de ellas", se lee en el proyecto que busca revertir la prohibición.
En el siguiente párrafo se agrega que "lo anterior es particularmente grave atendidas las nuevas sanciones que conllevaría las infracciones y normas de publicidad y financiamiento. Asimismo, sancionar el uso de fuentes de información limpias y accesibles a la ciudadanía, considerando la amplia penetración de Internet y de dispositivos que permiten acceder a él en el Chile de hoy, supone renunciar a un mecanismo de invaluable valor para la ciudadanía".