En un inusual fallo la Corte de Apelaciones anuló todo lo obrado por el Juzgado de Letras de San Carlos
en el juicio laboral que la jefa de finanzas del Daem, María Eugenia Vera, debió interponer en contra del Municipio local. La Corte de apelaciones ordenó abrir un nuevo juicio, esta vez en manos de un juez visitante.
El abogado Roberto San Juan, a cargo de la defensa de la profesional María Eugenia Vera, dio a conocer que la primera sala de la Corte de Apelaciones de Chillan, dictó recientemente una resolución donde revoca una sentencia anterior, rechazando una acción de caducidad interpuesta por el municipio local y ordena que un nuevo juez continúe con la tramitación de este litigio laboral, hasta su conclusión.
La revisión hecha por el tribunal de alzada de los antecedentes del juicio, permitió establecer que María Eugenia Vera nunca había sido legalmente despedida por lo que no se debió haber establecido el caso como despido injustificado, sino que todos los antecedentes evidencian de que se está frente a un caso de, despido improcedente, puntualizo el abogado San Juan.
El caso se seguirá viendo en el Juzgado de Letras de San Carlos y esta causa estará en manos de un juez proveniente de Chillán y la primera audiencia está fijada para el próximo dia 30 de septiembre, donde nuevamente declararán los testigos. Frente a esto último, la afectada ha señalado que no presentará testigos pues le preocupa las presiones indebidas que pudiere ejercer la autoridad municipal en contra de ellos , toda vez que en el juicio anterior, quienes declararon a su favor, fueron amenazados con sumarios y despidos, puesto que son a su vez empleados de la demandada (Municipalidad de San Carlos).Agrega que es lamentable que por las acciones desmedidas de quienes la representan, sea toda la institución municipal la que se enlode con acciones que vulneran los derechos de los funcionarios.
Recordemos que esta misma profesional dedujo una demanda de tutela laboral ante el Juzgado del Trabajo de San Carlos, quien mediante sentencia de 17 de diciembre de 2015, la acogió, señalando que la Municipalidad de San Carlos vulneró la garantía fundamental de integridad física y psíquica de la demandante y su derecho a la libertad del trabajo, por lo que el municipio debió pagar una indemnización adicional de $17.600.000, correspondiente a 11 meses de remuneración a razón de $1.600.000, más las costas, agregando que el recurso de nulidad deducido por la demandada fue rechazado por la Corte de Apelaciones.