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jueves, 6 de octubre de 2016

Director de la DGA desmiente argumentos de la SNA


Carlos Estévez desvirtuó una a una las afirmaciones que Patricio Crespo hiciera durante

la Comisión de Hacienda el pasado martes 27 de septiembre dibujando un panorama de debacle en el gasto fiscal si avanzan las principales reformas que dotan al agua de características de bien de interés público.
Una completa réplica a lo señalado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, hizo el director general de Aguas, Carlos Estévez, durante la última sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esto en el marco de la discusión de la reforma al Código de Aguas, ya zanjada por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, y que parlamentarios de Chile Vamos, junto a los gremios minero, hidroeléctrico y agrícola pretenden desmantelar en su paso por la Comisión de Hacienda.
Durante la sesión Crespo había afirmado que la fórmula que propone el proyecto con respecto a las aguas superficiales y subterráneas que aún permanecen bajo dominio público, en el sentido de mantenerlas como bienes públicos y solo otorgar concesiones con un plazo de 30 años, contradice la esencia del derecho de propiedad.
El dirigente de la patronal agrícola agregó que las regulaciones sobre información, resguardo social y ambiental, entre otras, constituirían expropiaciones de facto. Aquello, según su análisis, acarrearía al Estado un desembolso de U$ 17.000 millones por concepto de indemnizaciones, a lo cual sumó otros $ 27.000 millones por redistribución de las aguas producto de servidumbres, nuevas obras, etc.
Ante sus palabras, Estévez descartó que la reforma contemple expropiación de derechos, como afirmara el dirigente de la SNA, toda vez que solo el 10 % del agua superficial y el 40 % subterránea que queda aún no ha sido otorgada y permanece bajo dominio público. Y este total sería el otorgado en concesiones temporales a 30 años renovables y no bajo régimen en propiedad perpetua como ha ocurrido hasta ahora.
Agregó la autoridad que incluso la reforma permitiría regularizar del orden del 40 % de los derechos ya otorgados, a los cuales se les aplicaría el régimen vigente de derechos y no el de concesiones que se plantea en la reforma al código en discusión. Explicó además que el proyecto permite realizar el procedimiento de regularización en forma colectiva y grupal, a través de las asociaciones de agua, lo que abarataría costos a los usuarios.
Estévez también desdramatizó la visión de un desorden por la coexistencia de dos tipos de derechos, -de propiedad perpetua y concesiones- dado que actualmente tal situación ya existe respecto de las aguas que nacen y mueren en los predios, de las "aguas del minero", de los derechos consuntivos, los no consuntivos, los eventuales, etc.
Y, por último, hizo una defensa férrea de la figura del caudal ecológico, más aún cuando exime de esta exigencia a la pequeña agricultura. "Todo el mundo considera que el caudal ecológico es positivo, en el sentido que lo que hace es darle vida a un río" indicó. Sin embargo aclaró que tal atribución no es competencia de la Dirección General de Aguas sino del Ministerio de Medio Ambiente (hoy, porque a futuro sería del Servicio de Biodiversidad) en su rol de protección de ecosistemas amenazados.
En concreto, Estévez profundizó que la reforma lo que hace es poner condiciones ambientales y sociales para usar los derechos, en coherencia con el principio constitucional de la función social de la propiedad y así asegurar el derecho humano al agua y saneamiento, las economías de subsistencia, la sustentabilidad ecosistémica de las fuentes superficiales y los acuíferos subterráneos, además de prevenir el acaparamiento. En este sentido Estévez calificó de razonable que si alguien tiene un derecho y no lo usa, lo devuelva y permita que otra persona lo pueda solicitar y utilizar.
En la misma línea de las declaraciones de Estévez, el director nacional de INDAP expresó que la iniciativa es favorable para los productores campesinos, ya que podrán regularizar colectivamente sus derechos y acceder a concesiones de agua que hoy no tienen, fortaleciendo la pequeña producción agrícola, que es una de las razones por las cuales el Ministerio de Agricultura también apoya la reforma.

Sobre otro de los planteamientos que Crespo hiciera en la comisión, en el sentido de que esta ley significaría una debacle para el crédito agrícola, la representante del Comité Ejecutivo de BancoEstado, Soledad Ovando, puntualizó que esta no afectaría las tasaciones conducentes a la obtención de crédito en el mundo rural, ya que estas se basan en el valor de la tierra diferenciando entre las de riego y secano, y no valorizando como adicional los derechos de agua.
De esta forma, las autoridades del Estado citadas a la comisión desvirtuaron lo señalado por el dirigente de la SNA, oponiendo a las críticas del empresariado minero y eléctrico los beneficios que representan las reformas al Código de Aguas para el desarrollo agropecuario.

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