El abogado González en el concejo Municipal
En las próximas horas se conocería otro fallo adverso.- Una nueva causa laboral, por derechos fundamentales, obliga al municipio a
desembolsar más de 7 millones 600 mil pesos en favor de una funcionaria del sistema municipal de Salud y, paralelamente el Juzgado de Letras de San Carlos dictó sentencia condenatoria en la causa laboral "María Eugenia Vera Cortés con I. Municipalidad de San Carlos"
Por segunda vez debió concurrir el abogado municipal, José González, ante el concejo a fin de que se autorizara a girar nuevos fondos municipales para pagar una demanda de tutela de derechos fundamentales y costas en la causa "Lara con I. Municipalidad de San Carlos.
Se trata de la exfuncionaria administrativa del Departamento de Salud, Camila Lara Leiva, quien al ser despedida, presentó una denuncia en contra del municipio por vulneración de garantías fundamentales.
La sentencia definitiva del Juzgado de Letras de San Carlos, previas apelaciones del municipio ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, fue acogida en favor de la funcionaria.
El fallo ordena al municipio de San Carlos pagar $ 7.185.621, más las costas que ascienden a $ 500.000.
Dado que hubo una reliquidación en esta causa, el abogado municipal se vio obligado a explicar ante el concejo, la solicitud de mayores recursos a los anteriormente aprobados.
Los ediles cuestionaron los despidos que ejecuta el alcalde y que finalmente terminan por transformarse en pagos extraordinarios que el municipio debe efectuar.
Los ediles cuestionaron los despidos que ejecuta el alcalde y que finalmente terminan por transformarse en pagos extraordinarios que el municipio debe efectuar.
Este es otro caso donde el municipio ha vulnerado derechos de funcionarios, pero quizá si el juicio de carácter laboral más relevante, y que en pasillos de tribunales ya se califica como "un castigo lapidario", es la sentencia surgida en las últimas horas, del juicio de la exjefa de finanzas del DAEM, María Eugenia Vera en contra del municipio, donde la corporación edilicia deberá cancelar más de 35 millones de pesos.