Luego de haber cancelado 21 estados de pago a la empresa que construyó el edificio municipal de San Carlos,
el alcalde determinó no pagar la última cuota de unos 400 millones de pesos, dado que desde la oficina de control municipal se realizó una indagatoria donde se habrían detectado una serie de irregularidades administrativas durante el proceso de construcción.
El contrato efectuado el año 2014 da cuenta que la empresa Ingetal construiría el edificio en 540 días corridos y recibiría por dicha obra la suma de $4.018.821.132
La situación resultó un prolongado bochorno en el concejo municipal que sesionó hasta pasadas las 14,30 horas y donde el tema central fue la negativa a cancelar la última cuota pese a que la empresa aduce que todo se ejecutó de acuerdo con "el cliente" , que las observaciones son un proceso administrativo que incumbe al municipio, y que la obra está terminada por lo que no cabe más que pagar.
Los fondos para cancelar esta cuota están depositados por el gobierno regional en las arcas municipales desde septiembre pasado.
Los fondos para cancelar esta cuota están depositados por el gobierno regional en las arcas municipales desde septiembre pasado.
Esta es la segunda vez que una empresa constructora tiene problemas con el municipio de San Carlos, la anterior fue la constructora a cargo del edificio del Centro Cultural.
Durante la sesión del concejo municipal, intervino el jefe de control, Ricardo Parra quien, alertado por la negativa de la DOM de autorizar nuevas ampliaciones de plazo, desarrolló una investigación del contrato y descubrió varias inconsistencias administrativas y propuso, al igual que lo hicieron los concejales, elevar estos antecedentes a la Contraloría, negándose firmar la autorización de pago.
En dicha sesión se encontraba el representante de Ingetal, Hardy Pineda, quien puntualizó que la obra está debidamente terminada y de acuerdo a las bases, también insistió en que se había mantenido un diálogo fluido con "el cliente" y explicó la razón de algunos de los puntos conflictivos presentados por la oficina de control municipal.
Aun cuando anteriormente el concejo no tuvo participación esta vez el alcalde llevó el tema al concejo con la finalidad de que los ediles tomaran parte en el acuerdo de pagar este último estado de pago, a lo cual se le respondió que él debía asumir la responsabilidad al igual como lo había hecho durante todo el proceso de construcción .
Para la empresa las ampliaciones de plazo tendrían su explicación en la intervención del cliente, quien habría solicitado modificaciones a la obra.
"El estado de pago se cursó con todos sus documentos en regla y nos han mantenido retenido el pago ilegalmente en estos últimos meses", aseguró el representante de la empresa a la salida de la extensa reunión municipal.
" Me da una pena que nos estén perjudicando (a la empresa) a partir de una discusión político-administrativa .
"El estado de pago se cursó con todos sus documentos en regla y nos han mantenido retenido el pago ilegalmente en estos últimos meses", aseguró el representante de la empresa a la salida de la extensa reunión municipal.
" Me da una pena que nos estén perjudicando (a la empresa) a partir de una discusión político-administrativa .
El profesional de la empresa dijo que durante todo el proceso mantuvieron un fluido diálogo con su contraparte municipal donde no hubo ninguna observación "Nosotros no estábamos para decirle al cliente qué debía hacer o no, para nosotros él siempre tiene la razón y hacemos lo que nos ordena a través de un contrato que suscribimos con él y donde nos obligamos a construir un edificio bajo determinadas especificaciones y antecedentes técnicos y eso, lo hemos ejecutado, henos cumplido nuestra parte".
Cabe indicar que el último estado de pago que se encuentra pendiente es posterior a la recepción de la obra que ya está en uso público.
Desde el ámbito jurídico se le ha hecho presente al alcalde que, si el municipio realizó la recepción de la obra y posteriormente se subsanaron la observaciones hechas no cabría la aplicación de multas y no existen razones fundadas para negar el pago al cual está obligada el municipio, por lo que recurrir a la Contraloría sería solo un acción dilatoria.