A dos de sus trabajadores.- Ya van dos casos en que la justicia ha determinado que se han vulnerados
garantías fundamentales de dos trabajadoras mujeres, al interior del municipio de San Carlos.
Cuando se habla de garantías fundamentales el legislador hace referencia a los derechos y libertades inherentes al ser humano y que están garantizados por la Constitución.
La abogada María Angélica San Martín Nos explica: "Entre estos derechos los más relevantes son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, aquí nos encontramos con lo que usted me expone, el acoso laboral, también está el respeto a la vida privada y honra de la persona, libertad de trabajo, libertad sindical entre otros.
Por lo tanto- agrega la abogada San Martín- cuando nos referimos a la "vulneración de garantías fundamentales" ya sea ejercida por el empleador, si es materia laboral, o cualquier persona, si es un acto fuera de esta esfera, lo que se quiere decir es que, cualquier acción que limite o que vaya en contra de estos derechos sin causa justificada o de manera arbitraria, o sea que no se respeten los derechos consagrados en el artículo 1, se está vulnerando, afectando o lesionando dichos derechos que están, como dije anteriormente, reconocidos y garantizados por la Constitución Política de la República Art. 19 y sus numerales..."
Referente a lo acontecido en el municipio local, en ambos casos se ha demostrado ante los tribunales acciones bastante ruines, como dejar a un profesional sin sus escritos, confinarlas en pasillos, amenazar con sacarla con la fuerza pública, hecho que para nada enorgullece a la ciudad y solo es comparable con golpes e insultos entre ediles, ocurridos también en San Carlos.
El caso más reciente corresponde a la exfuncionaria administrativa del Departamento de Salud, Camila Lara Leiva, quien al ser despedida, presentó una denuncia en contra del municipio por vulneración de garantías fundamentales.
La causa es "Lara con I. Municipalidad" RIT T-8-2015 del juzgado de Letras de San Carlos.
En este caso la sentencia definitiva del Juzgado de Letras de San Carlos, previas apelaciones del municipio ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, fue acogida en favor de la funcionaria y el municipio debió pagar $7.185.621 mas costas que ascendieron a $500.000
Anteriormente fue el caso de la exjefa de finanzas del DAEM, María Eugenia Vera en contra del municipio, donde solo por concepto de indemnización en la causa judicial "Vera con I. Municipalidad" T-7-2015, el municipio debió pagar $17.600.000, sin considerar una millonaria sentencia que está próxima a ejecutarse.
Si bien los ediles han evidenciado el riesgo del patrimonio municipal al ejercer acciones que con posterioridad son castigadas por la justicia, a la hora del término de estos juicios han debido concurrir, obligadamente, con su voto para aprobar los recursos que han significado estas indemnizaciones.