Publicado: Jueves, 02 Febrero 2017 07:04 Escrito por Mario San Martin
Este miércoles 1 sorpresivamente fueron desvinculadas, sin previo aviso, 8 profesionales de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
(OPD) quienes mantenían contrato laboral con la Municipalidad de San Carlos por varios años, mientras en otra área municipal el Departamento de Educación Municipal (Deam) trascendió que hay un listado de 12 funcionarios que estarían siendo notificados del término de su contrato.
Lo anterior se suma a la reciente desvinculación el pasado 31 de diciembre de cinco profesionales del programa "Familias, seguridades y oportunidades del Fosis" que administra el Municipio y cuyo sostenedor determinó desvincularlas del programa, aun cuando en promedio llevaban más de cinco años trabajando para la municipalidad de San Carlos. Se trata de Claudia Martínez Méndez (8 años trabajando), Viviana Ponce Candia (11 años trabajando), María José Campos Castillo (6 años trabajando), Yésica Angermayer Ávila (1 año trabajando) y Sylvia Hernández Mercado (6 años trabajando) recibieron la noticia de que habían sido desvinculadas por el sostenedor.
También fueron desvinculados, sin previo aviso, a las 13:30 horas del último dia del año 2016, dos profesionales del centro de la Mujer, el coordinador del programa Antonio Guerrero que llevaba 9 años en el municipio y la psicóloga Marisol Torres Jiménez.
Ahora, en el caso de los 8 profesionales de la OPD ayer, sorpresivamente de manera verbal la secretaria del alcalde les comunicó que no continuaban trabajando. Lo anterior pese a que todo el equipo tiene por varios años una buena evaluación y que se les había renovado contrato en enero, pero este miércoles, todo cambió. "Lamentamos esta decisión política y basada en chismes de personas que incluso formaban parte de nuestro equipo, en fin, de 9 personas son desvinculadas 8, no amerita un análisis mayor" dijeron las profesionales.
A última hora de este miércoles, circulaba insistentemente la información no confirmada que 12 personas del DAEM serían desvinculadas, aun cuando la mayoría tendrían varios años trabajando para el municipio, pero mediante contratos precarios que, permiten al sostenedor ponerle término sin mayor causal.
En todos los casos tiene el mismo patrón, a ninguno se le ha comunicado el término de su contrato con a lo menos 30 días de anticipación y pese a los dictámenes de contraloría que establecen que existiendo dependencia y tiempo de servicio hay una relación laboral, en el caso del municipio eso no opera.
Estas desvinculaciones y otros juicios laborales existentes en los tribunales sobre vulneración de derechos, llamaron la atención del Instituto de Derechos Humanos de Chile que ha estado solicitando los antecedentes de estos casos, para desarrollar las acciones que a ese organismo le competen.
Estas desvinculaciones y otros juicios laborales existentes en los tribunales sobre vulneración de derechos, llamaron la atención del Instituto de Derechos Humanos de Chile que ha estado solicitando los antecedentes de estos casos, para desarrollar las acciones que a ese organismo le competen.