Publicado: Sábado, 25 Febrero 2017 07:04 Escrito por Mario San Martin
Un lapidario informe que deja en evidencia falencias en el sistema municipal de educación, donde fueron advertidas graves faltas a la probidad administrativa,
notificó a los concejales, responsables solidarios de la administración municipal, el profesional Ricardo Parra Ortiz, jefe de la Unidad de Control Interno del municipio.
Entre los casos detallados en el informe de la Unidad de Control interno del Municipio de San Carlos, figura la contratación de un excandidato a concejal(RN) en el Liceo Agrícola, en funciones que ya están cubiertas, cuatro funcionarias que cobran doble sueldos y que además se le habría cambiado sus contratos, la falta de recursos para cumplir millonarios compromisos, además de recientes juicios donde el municipio deberá pagar cuantiosas demandas.
El concejo municipal de San Carlos que inició la sesión de este viernes intentando aprobar una modificación presupuestaria solicitada por el DAEM, debió "echar pie atrás" luego de ser advertido que dicha solicitud no tenía los respaldos administrativos suficientes.
La reunión que fue encabezada por el concejal Pedro Méndez tuvo como observador de la situación, al nuevo administrador Patricio Moya que mantuvo un notorio silencio, mientas los ediles exclaman "Oh sorpresa" ante los detalles del informe que leyó el Jefe de la UCI (Unidad de Control Interno) en presencia del Director de Finanzas y el representante de la Secplan, principales órganos de la administración municipal.
El primer "balde de agua fría" fue cuando se informó que el Jefe (S) del DAEM, Marcial Valenzuela "procedió a cambiar de forma arbitraria la fuente de financiamiento de Subvención regular para pagar con recursos de la Subvención Escolar preferencial, las 30 horas que mantiene con nombramiento vigente , a cuatro funcionarias del DAEM, entre ellas María Morales, a quien se indica como responsable de acciones administrativas. En los cuatro casos, Mirtha Sepúlveda, María Morales, Susana Tapia y Arístides Hermosilla, cada uno mantiene nombramiento titular en escuelas y sin embargo, cumplen tareas administrativas, lo que llevó al director de control a no firmar el decreto de pago de los respectivos sueldos.
Asistió a presenciar esta sesión del concejo el exintegrante, edil César Ortiz, quien por años presidió la comisión Educación del cuerpo Colegiado, quien silenciosamente escuchó el informe y posteriormente se retiró de la sala.
En la ocasión también se informó que se les había hecho pagos irregulares desde el año 2014, a los funcionarios motivo de la investigación, por Excelencia académica, recibiendo pagos que van desde 780 mil pesos hasta un millón 100 mil pesos. Las mismas personas, directivos del DAEM, también habrían recibido pagos irregulares por "desempeño difícil", que solo opera para aquellos docentes que ejerzan funciones en los establecimientos calificados como desempeño difícil por razones geográficas, marginalidad, extrema pobreza y otras características análogas. Lo que no ocurre en ninguno de estos cuatro casos, toda vez que los funcionarios, motivo de esta investigación, mantienen un nombramiento y destino para el cumplimento de la función pública, docentes de aula por 30 horas, desde el año 2014, pero prestan sus servicios en la administración central del departamento de educación municipal de San Carlos(DAEM). A lo anterior se suma el bono de reconocimiento profesional, Título; y otras asignaciones .
Ni el pie de limón que trajo para compartir el café, el edil Pedro Méndez, que en ausencia del titular debió presidir la sesión, logró distender el ambiente donde, aun cuando se trata de hechos ocurridos desde hace varios años hoy resultaron "toda un sorpresa para los ediles".
La investigación también alcanza a otros funcionarios a quienes se les dispuso un trabajo extraordinario y por ende, el pago de esas horas. Allí aparece Jaime Rebolledo a quien se le habría pedido "crea un plan de contingencia que permitiera monitorear procesos administrativos ya existentes en pos de corregir el descenso de matrícula, la baja de asistencia y contribuir a la reducción del déficit de la educación comunal, horarios, y días". Lo anterior se ordenó con visto bueno del Alcalde titular en diciembre el 2016.
Esta tarea extraordinaria se respalda solo con informe de solicitud de la Coordinadora comunal SEP, María Morales, sin que haya respaldo del señalado y pretendido informe. En este caso se habla de reintegro total de los dineros que se habrían pagado a este funcionario.
El caso llama la atención toda vez que tratándose de un administrativo, fue nada menos que el Fiscal que sumarió a una superior jerárquica, la Jefa de Finanzas María Eugenia Vera, la que ha advertido que en su caso la actuación de Rebolledo, involucraría perjurio. Recordemos que esta profesional, María Eugenia Vera, ya ganó una millonaria demanda por vulneración de derechos ($20.100.000) y recientemente obtuvo una sentencia favorable en su juicio laboral ($30.000.000) contra la municipalidad, donde desvirtuó tres sumarios en su contra.
El informe de la UCI también da cuenta de la irregular contratación de un segundo encargado de producción del Liceo Agrícola, la falta de recursos para pagar la movilización escolar, la ausencia de fondos para pagar indemnizaciones, despidos injustificados a inicios de año y los 600 millones de pesos que se deberán pagar a los profesores por el Bono SAE.
Como ya es habitual los concejales se reunirán este próximo lunes en reunión de comisión, a la cual han citado a funcionarios del DAEM, para evaluar después las acciones a seguir. Entre los ediles existe inquietud por lograr que todos los integrantes mantenga su rol fiscalizador, aun cuando en algunos casos haya cercanía política, vinculaciones familiares o laborales. Se habló de que el concejo en su totalidad, hará una presentación ante la Contraloría.
Digamos finalmente que el informe lapidario tiene fecha 24 de febrero, y aun cuando este documento fue entregado al alcalde (S), ya habría sido enviado a Turquía, donde se encuentra el alcalde titular, Hugo Gebrie.