Publicado: Miércoles, 15 Marzo 2017 07:03 Escrito por Mario San Martin
La causa sobre violación de derechos humanos y que investiga la muerte del mirista Rolando Angulo y donde aparece
imputado el sancarlino Sergio Bustos Baquedano, se encuentra paralizada debido a un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Sergio Bustos Baquedano, hoy avecindado en Chillán, cobró notoriedad luego de aparecer denunciando a Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Bachelet, por la venta de terrenos en Machalí, caso que derivó en la salida de La Moneda de Sebastián Dávalos, el hijo de la Mandataria.
El recurso se basó en la supuesta inhabilitación de la Corte de Apelaciones de Chillán para continuar con la tramitación de la causa, en virtud del reciente acuerdo zanjado por la Corte Suprema de reunir todos los casos de Derechos Humanos en solo cuatro tribunales del país, acuerdo que significaba que las investigaciones del ministro de la Corte chillaneja, Claudio Arias, quedaban en mano a partir de entonces, del ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Como un retroceso calificaron las agrupaciones de derechos humanos la decisión de la Corte Suprema de reagrupar en cuatro Cortes de Apelaciones todas las causas relativas a Derechos Humanos.
Recordar que tras la determinación, solo un ministro por tribunal tramitará este tipo de causas en La Serena, Santiago, Concepción y Temuco. De acuerdo al Poder Judicial, la medida se adoptó para dar mayor agilidad y eficacia en la sustentación de los procedimientos.
"Lo que pasa es que esta causa era tremendamente importante y estaba ya muy avanzada, además como en ninguna otra causa habíamos logrado reunir tanta evidencia concluyente y confirmada de la existencia de este grupo de Colonia Dignidad y ligado al movimiento Patria y Libertad, que participó en la tortura y homicidio de cuatro personas" explicó Patricia Parra, abogada representante de la Agrupación de Derechos Humanos.
Uno de estos casos se relaciona con Rolando Angulo, "que es el caso en que el señor Bustos Baquedano tuvo participación", apuntó la abogada.
Según la carpeta de investigación, Bustos junto a otro grupo de ñublensinos, entre ellos empresarios, comerciantes y dueños de fundos, principalmente de la ciudad de San Carlos, habría colaborado facilitando dinero, vehículos y otros medios "para que se perpetraran estos crímenes. Además se estableció que Bustos Baquedano era el jefe de la brigada de inteligencia civil que comandó estas muertes", acusó la abogada.
Patricia Parra agregó que si la Corte revoca la resolución del ministro Arias y decreta que se deje sin efecto el autoproceso, "vamos a presentar una queja a la Corte Suprema".