Publicado: Viernes, 12 Mayo 2017 07:08 Escrito por Mario San Martin
Central de Pasada Ñuble y Embalse Punilla serán analizados a fondo por comisión hídrica del parlamento.
Si bien las reunión comenzó pasadas las 19 horas de este jueves y concluyó faltado 15 minutos para la medianoche, los vecinos se retiraron confiados desde La Escuela El Caracol sus casas, después de haberle manifestado a los parlamentarios de la comisión hídrica, todas sus preocupaciones y las irregularidades que ellos consideran que hay en los proyectos Central de pasada y embalse Punilla, ambos de carácter hidroeléctrico.
La anunciada reunión de la comisión hídrica del parlamento, encabezada por la diputada Cristina Girardi Lavín con la comunidad afectada por los proyectos hidroeléctricos, permitió que se escucharan los planteamientos de la comunidad, que alega que no se estarían respetando las bases y que hay servicios públicos y autoridades que se habrían salido de su margen.
Como se sabía con antelación habían sido convocados servicios y autoridades relacionadas con estos proyectos y su desarrollo, no llegaron a la cita el Servicio de Evaluación Ambiental ni el Intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Diaz.
Hay antecedentes importantes que se presentaron en la reunión sobre la legalidad que tendría la destinación de fondos públicos en la generación y trasporte de energía. En la reunión también se dijo que el embalse llamado a licitación es una hidroeléctrica, sin embargo el estudio ambiental aprobado el año 2010, no habría incluido ni la generación ni la transmisión eléctrica, e insisten que no se podrían invertir dineros fiscales en un proyecto de este tipo.
En la reunión efectuada en El caracol se cuestionó que el estudio de impacto ambiental si bien analiza el ecosistema, no daría real cuenta de las condiciones de vida de las personas involucradas en el área afectada por este proyecto.
Hablaron de un plan social ineficiente y calificaron a las personas involucradas de "erradicados involuntarios".
También señalan que el plan de desarrollo social consideraría a los habitantes de la cordillera como de tercera clase y apuntaron sus dardos hacia las empresas que están trabajando en la zona, acusando atropellos cotidianos y presión psicológica, esto último había desmentido desde el MOP, pero anoche se insistió en un ambiente de presión.
Los integrantes de la comisión expresaron su preocupación y comprometieron la conformación de una comisión investigadora que analice ambos proyectos para verificar el apego a la legislación y normativas vigentes.