A través de una carta dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la Asociación Koñintu Lafken Mapu presentó sus inquietudes
en el marco del Proceso de Consulta Indígena (PCI) del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén. El documento busca dar garantías democráticas y de buena fe del proceso que retrotrajo el proceso de evaluación del megaproyecto de Biobíogenera que ya contaba con una Resolución de Calificación Ambiental.
“(...) nuestra asamblea recalca lo importante de que el fallo de la Corte Suprema de enero de 2017 se esté respetando e implementando por parte del Estado, de manera que esperamos que el respeto y protección efectivos de los derechos del Convenio 169 OIT sigan siendo una constante y no un accidente en el marco de la observancia a las normas sobre derechos humanos que obligan al gobierno y a los privados, a someter sus acciones administrativas y negocios al marco legal” introduce la carta presentada por la asociación lafkenche al SEA que busca garantizar un proceso de buena fe.
Esta inquietud de parte de la comunidad lafkenche surge a partir de que el anterior proceso fue cerrado abruptamente, lo que precisamente vulneró este principio de buena fe según el fallo de la Corte Suprema.
Y la preocupación aparece nuevamente a partir de que el 7 de abril, instancia que se dio comienzo al PCI con la firma del Acuerdo Metodológico, no se permitiera la participación de comunicadores sociales de confianza de la Asociación Koñintu Lafken Mapu excesivo hermetismo que fue criticado por la comunidad lafkenche: “estimamos que una interpretación extremada de la “reserva” del A.M es grave para la salud democrática del Proceso, por cuanto se trata en dicho Acuerdo de salvaguardar la integridad e intimidad emocional y de espacio físico de los y las asociadas; y no de ocultar a la luz pública el desarrollo de un procedimiento administrativo” señala la carta dirigida tanto al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío como al SEA Ejecutivo en Santiago.
“Todas las partes involucradas en este PCI tenemos el derecho y el deber de informar con veracidad y exactitud a nuestros/as peñi y lamngen de la warria de Penco y el Lafken Mapu el accionar del Estado, no sólo por respeto al carácter público de los actos de Estado que la Constitución consagra; sino que también por motivos de sentido común y buena fe”.
El PCI comenzó alrededor de un mes donde a través de una consulta indígena no vinculante hacia la comunidad lafkenche se evalúe el proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén para nuevamente ser votado por la Comisión Evaluadora.