Publicado: Jueves, 22 Junio 2017 07:05 Escrito por Mario San Martin
Denuncian que un profesional trabajó tres días en el municipio y luego fue sacado por el Administrador
y sus documentos laborales habrían desaparecido; por su parte el abogado del municipio señala que no existe documentación que avale dicha contratación.
En medio de una serie de juicios que involucran al municipio de San Carlos y donde han comenzado aparecer querellas por falso testimonio y otra por prevaricación, surgió un caso que fue planteado por el concejal Jorge Silva, esta semana en el concejo municipal.
El edil expuso que un profesional informático habría sido contratado para realizar labores en la Unidad de Control y luego de unos días sorpresivamente llegó hasta el escritorio del profesional, el administrador municipal, Patricio Moya, con un acta donde lo exhortaba a abandonar el edificio, sin más explicaciones.
La extraña situación fue planteada por el concejal Silva en los siguientes términos: " En la reunión anterior el presidente titular cuando estábamos viendo la reestructuración municipal, se vio el tema de la contratación de un funcionario para la Unidad de Control. En esa oportunidad yo digo: "El alcalde contrató a un funcionario informático para apoyar la unidad de control", y al tercer día lo echó" y el (alcalde) responde: " El alcalde no ha contratado ni echado a ningún informático".
El concejal acto seguido exhibe copia de un documento donde se le asigna el grado, se contrata y al tercer día el administrador municipal, Patricio Moya, por orden telefónica mediante un acta le pide al recién contratado que abandone el edificio municipal y esa acta hoy se encuentra desaparecida..."
A continuación el concejal Silva informa que la situación se ha judicializado y que es el abogado Alexis Marín quien defiende los intereses del profesional a quien se le han vulnerado sus derechos.
"Hay un contrato (decreto) y están los funcionarios que lo hicieron, el cual primero se cambia como fecha de término al 31 de diciembre y luego se modifica nuevamente al 3 de abril y posteriormente el acta donde se pide que el profesional abandone el edificio municipal, se pierde y eso es grave, ya que se trata de un talonario de 50 actas, dice Silva, que acto seguido pide que se investigue la pérdida de ese documento y su talonario.
La sesión era encabezada por el alcalde (S) Abogado Gonzalo Vergara, quien respondió que si bien hubo una judicialización de este tema por parte de Isaac Muñoz Cerda, representado por el abogado Alexis Marín, estos habrían solicitado una medida prejudicial que es la exhibición de documentos, a lo cual el municipio concurrió señalando que no tenia documentación y que tal profesional no existía como funcionario en las fechas indicadas.
También agregó que se habría consultado donde se registran todos los decretos de nombramientos de los funcionarios públicos. "También antes preguntamos en la dirección de Finanzas, donde la encargada de personal, la señora Paulina Aqueveque me señala que tampoco cuenta con ningún nombramiento o decreto que señale que don Isaac Muñoz Cerda era funcionario municipal".
El abogado concluyó señalando que la acción judicial emprendida por Isaac Muñoz habría concluidos sin resultados: "El tribunal señaló en definitiva, que no existiendo la prueba, los antecedentes, documentos por parte de la Municipalidad, el trámite simplemente había terminado, por tanto esa causa judicial se encuentra terminada y desconozco los pasos a seguir por parte del abogado de don Isaac Muñoz Cerda.
El abogado concluyó señalándole al concejal Silva que desconocía el acta que se mencionó y que lo averiguaría con el administrador municipal, desestimando el documento que exhibió el edil y acto seguido resaltó: "Los funcionarios públicos se contratan o se nombran previo a la firma de un decreto, por tanto si no hay un decreto firmado por el secretario municipal y que esté registrado en la Contraloría, es persona jamás será un funcionario municipal".
Consultado el abogado Alexis Marín indicó que efectivamente se realizó una medida prejudicial, pero que en ningún caso está dicha la última palabra.
Este caso abre una serie de interrogantes y se suma a otras controversias que pareciera van en aumento en el municipio de San Carlos.