Publicado: Sábado, 17 Junio 2017 07:05 Escrito por Mario San Martin
Luego que la Unidad de Control Municipal emitiera dos informes que revelaban serias irregularidades financieras y administrativas y
cumplidos los plazos, el concejo municipal de esta ciudad no recibe aún respuestas a estas denuncias formuladas desde el interior del municipio y que dicen relación con serios déficit económicos, funcionarios con doble régimen laboral en el DAEM y otros hechos que motivaron que el concejo municipal recurriera ante la Contraloría para presentar dicho informe.
Los ediles han señalado que resultan inexplicable las graves denuncias hechas desde el interior del municipio, por la misma unidad encargada del control administrativo, y que hasta la fecha el órgano fiscalizador (concejo Municipal) aún no tenga respuesta de las unidades internas a las cuales fiscaliza.
Uno de los informes conocido como Ord.37 de la unidad de control, fue enviado a la Contraloría en consulta por todos los ediles, y la respuesta de la Contraloría fue que primero debía conocerse el informe del director jurídico, abogado Gonzalo Vergara. Este informe aún no ha llegado al concejo y fue reclamado por el concejal Jorge Silva en la sesión del pasado miércoles, ya que sobrepasó el plazo legal y aún no hay respuesta, señala.
Recordemos que las mismas funcionarias que son mencionadas en el informe Ord. 37 de control sobre su doble régimen laboral, María Morales Carrasco, Lorena Tapia Orellana y Mirtha Sepúlveda Valenzuela, pidieron también al organismo contralor, se pronuncie sobre lo planteado por la Unidad de Control Interno. Sobre este caso el alcalde Hugo Gebrie, ha manifestado verbalmente que no habría irregularidades en el pago como tampoco cuestiona los sueldos de las integrantes del equipo DAEM, que superan los dos millones de pesos y que él justifica plenamente pero que no ha respondido por escrito al concejo.
Después del "balde de agua fría" el director de control, antes de salir con permiso administrativo, entregó el 5 de mayo otro informe ORD.55 al alcalde y al concejo donde presentó la realidad económica del municipio evidenciando una grave crisis financiera producto de los millonarios traspasos a Educación y Salud, acrecentados por las 25 demandas judiciales laborales que enfrenta la municipalidad, como asimismo, sugirió una profunda reestructuración municipal con la finalidad de lograr mayores niveles de eficiencia, eficacia y economicidad en la gestión, de forma especial implementar unidades de fiscalización del territorio comunal, tanto en la parte urbana como rural, en el área de Obras, cuya finalidad tendría fiscalizar in situ el pago de permisos de edificación, loteos, contribuciones y cualquier otra alternativa de evasión de ingresos municipales, como también sugiere fortalecer las prestaciones de servicios de la Dirección de Tránsito con el objeto de aumentar ingresos vía esa acción, con la finalidad de que vayan en directo beneficio para aminorar el déficit financiero en que se encuentra actualmente la municipalidad. También en ese informe se hace ver que hay nuevas contrataciones pese haber puesto término a un grupo de funcionarios que hoy demandan al municipio, donde se evidencia una falta de veracidad por la causal invocada.
Sobre este caso el edil Mario Sabag le exigió al presidente del Concejo resolver lo planteado por su unidad de Control e informar a este órgano fiscalizador sobre lo resuelto, lo que hasta la fecha no ha ocurrido; como también requirió que se hiciera llegar un informe escrito relacionado con las medidas correctivas que haya resuelto en relación al 4° Informe Trimestral Municipal del año 2016, dado a conocer tanto al alcalde como al Concejo mediante Oficio (O) N° 54 de fecha 26 de abril del 2017, por parte del Director de Control.
En la última sesión del concejo fue presentada a este organismo una licitación de salud municipal, para conocimiento, ya que no se requiere acuerdo de Concejo por ser inferior a 500 UTM, no obstante, la Ley Orgánica Municipal ordena al alcalde informar al Concejo este tipo de contrataciones, entre otras materias; y el director de control advirtió al alcalde de lo irregular de dicha compra pública: "En esta licitación, puede haber problemas de probidad administrativa, porque la empresa que se adjudica va a contratar personal del Cesfam para que trabaje fuera del horario.
Acto seguido advirtió de otra situación: " En el Cesfam (T. Baldecchi) donde es director don Víctor Méndez, se contrató a una familiar ( de él) para que entregara unos servicios que debieron contratarse por Compras Públicas y finalmente se hizo por el sub título 21, por un millón de pesos un día domingo. Ella trabaja en el Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) ".
"A ver cuál es la irregularidad" preguntó el alcalde, y agregó que los primos hermanos no están prohibidos y dijo que se había aclarado cuando el contrató a su primo Ricardo Asfura quien fue administrador.
Ricardo Parra quien dijo que además de ser cuestionable y que había que evitar eso, lo irregular administrativamente está en que no se puede contratar de la forma que se hizo (sub título 21) y como prestación de servicios debe ser licitada.
En la ocasión también se hizo ver lo inconveniente del caso de un profesional odontólogo que labora en la salud municipal en el área de adquisición de insumos y que a su vez tiene una clínica particular, lo que fue catalogado como un conflicto de intereses.
Todas estas situaciones se gestionan y originan primero en los servicios, donde en su mayoría hay subrogantes y luego, cuando ya tienen la aprobación del sostenedor y el proceso está en curso, toma conocimiento la unidad de control y que ha denunciado al concejo municipal estas irregularidades administrativas.