Publicado: Martes, 11 Julio 2017 07:07 Escrito por C. González/ F. Ahumada
Una querella interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de cinco funcionarios del municipio de Ránquil,
haciendo eco de esta manera a la denuncia que el actual alcalde de esa comuna de Ñuble hizo en el Ministerio Público, luego de destaparse el desfalco de dineros reservado a la atención de salud municipal.
Se determinó que cheques por distintos montos habrían sido cobrados por la contadora auditora Paola Alarcón Rabanal, directora del Departamento de Salud de Ránquil, y por la funcionaria de la misma unidad, Gloria Moraga Cartes, quienes utilizaban a otros dos particulares para el cobro de los documentos.
La anterior administración municipal realizó un sumario que terminó con la salida de ambas funcionarias y con acciones legales en su contra, motivando una investigación fiscal que sigue en proceso de desarrollo y que en una de sus últimas diligencias registra un interrogatorio a otros funcionarios de la misma repartición por parte de la PDI, el lunes 3 de julio.
Más allá de establecer culpas y responsabilidades, una de las principales interrogantes que hay en el municipio de Ránquil es la cantidad exacta del monto defraudado. Según el alcalde Benito Bravo, la cifra superaría lo oficialmente declarado, y llegaría a $400 millones.
“El Consejo de Defensa del Estado evidencia aproximadamente 170 millones de pesos, pero nosotros siempre supimos que esto supera los $400 millones”, dice Bravo, quien añade que dentro de la lista de las personas que figuran dentro de la investigación están el jefe de Finanzas del Departamento de Salud, junto a otros administrativos como el jefe de Control, el secretario municipal, el administrador municipal y “obviamente, el alcalde de la época (Carlos Garrido), pero lo bueno es que ya se está llamando a declarar a todas estas personas, incluyendo a quienes cobraron los cheques”.
Pese a que fue la actual administración municipal de Ránquil la que detectó el desfalco, se ha demostrado que esta situación se arrastra desde hace por lo menos cinco años.
En el Consejo de Defensa del Estado admiten que la querella que se presentó se hizo tomando como base los primeros antecedentes recabados por la PDI, razón por la que inicialmente la cifra asignada al desfalco es menor que la que propone el alcalde.
En estricto rigor, los cinco querellados por el CDE son los ya mencionados Paola Alarcón, Gloria Moraga, más Carlos Fuentes Urrutia, Moisés Soto Salazar y Roxana Moreno Torres.
Ximena Pérez, presidenta del CDE, dijo que “la querella se presenta además, porque al tomar conocimiento de los hechos que se investigan se comprobó que en estos puede existir la participación de funcionarios públicos, y además, involucrar un perjuicio patrimonial para la municipalidad, situaciones todas que ameritan nuestra intervención contra quienes resulten responsables”. Se desprende que de haber más involucrados las acciones legales se harían extensivas a ellos.
Es un problema común
El consejero regional Juan Díaz González planteó que no se trata de un hecho inusual y que, por el contrario, es muy común de hallar en muchos municipios del país.
Por esta razón plantea que debiera existir una superintendencia de municipios capaz de controlar y prevenir este tipo de ilícitos. “No olvidemos los casos de Cobquecura, San Fabián, San Ignacio o Bulnes, en donde los alcaldes al asumir encuentran situaciones que deben ser aclaradas por la justicia. Cautelar los dineros municipales es absolutamente fundamental e importante, por lo demás la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado actúan frente a una denuncia, no preventivamente”.