En la Sesión Especial de la Comisión de Infancia del Senado se aprobó un proyecto de acuerdo en relación a la crisis del Sename.
La aprobación se realizó en unanimidad por todas las bancadas del Senado, ya que aborda los principales problemas de la institución.
Los ministros de Justicia, Jaime Campos; el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y la directora nacional del Sename, Solange Huerta, también participaron de esta sesión especial.
El senador de la DC, Patricio Walker señaló que el Gobierno debe generar un fondo de emergencia para mejorar los recursos del Sename y los organismos colaboradores.
También agregó que al no tener los recursos suficientes, los centros no cuentan con personal calificado, incurriendo en negligencias y vulneración de los derechos de los niños.
El ministro de Hacienda comprometió 86 mil millones de pesos para la separación del Servicio Nacional de Menores, esto con la idea de generar una institución enfocada a la reinserción de los infractores de ley y otra enfocada a la protección integral de la infancia, la que estará a cargo de acoger a los menores en situación de vulnerabilidad.
Enrique Opazo, director de la Fundación Refugio de Cristo señaló que el país se encuentra en la peor crisis de los hogares de menores, adelantando que muchos se tendrán que cerrar por la falta de estos recursos, ya que no se les está pagando la subvención.
Una opinión parecida manifestó Francisco Pereira, Director de la Fundación María Ayuda quien agregó que la subvención no se paga al día. A esto manifestó que muchas veces la respuesta por parte del Sename ha sido que “se nos cayó el sistema”.
La senadora de la UDI, Ena Von Baer indicó que los cambios no pueden ser solo burocráticos, sino que también se debe realizar una intervención a la familia, apelando a la situación de vulnerabilidad en la que viven.
En relación a algunas de las propuestas realizadas en el proyecto se acordó hacer un seguimiento mensual con la Comisión de Infancia, para verificar el grado de cumplimiento por parte del Gobierno. Así también una fiscalización de la buena utilización de recursos por parte de los centros.
También se busca generar una política enfocada a la familia biológica y a la de acogida, y agilizar el proceso de adopción de los menores de cero a tres años. Además de cambios en materias legislativas y administrativas.