Pese a las numerosas reuniones sostenidas por las nuevas autoridades de Gobierno con parlamentarios locales,con los regantes del río Ñuble y con los alcaldes de San Fabián y Coihueco, el proyecto embalse La Punilla sigue avanzando con la misma lentitud que se criticaba de la administración Bachelet.
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El proyecto emblemático del Ministerio de Obras Públicas en la zona, que demandará una inversión total superior a los US$500 millones y que fue concesionado a la italiana Astaldi en junio de 2016, enfrenta desafíos pendientes en distintos frentes, como el social, el ambiental y el técnico, en una carrera contra el tiempo que tiene inquietos no solo a los beneficiarios de la iniciativa, sino que también a las familias afectadas por la construcción del embalse.
De hecho, el pasado 12 de abril el ministro Juan Andrés Fontaine incluyó a La Punilla en un listado de 13 iniciativas del MOP a nivel nacional que enfrentan retrasos o problemas.
Previamente el secretario de Estado había anunciado en una reunión, que en el más breve plazo enviaría a su asesor territorial, el abogado José Luis Uriarte, a la zona de La Punilla, para conocer de primera fuente los problemas que enfrenta el proyecto, de manera de definir las líneas a seguir. Sin embargo, han pasado 26 días de aquel anuncio y el asesor aún no ha visitado San Fabián. Se espera que mañana lunes el ministro visite por primera vez la zona y aborde este tema, así como los temas críticos del proyecto.
El plan social
La Punilla, que inundará unas 1.700 hectáreas en la zona cordillerana de Coihueco y San Fabián, requiere para su concreción la relocalización, vía expropiación, de un total de 83 familias, de las cuales 31 residen en la llamada zona A, donde se construirán las principales obras, sin embargo, hasta el momento solo se han pagado los bonos del Plan de Desarrollo Social (PDS) a apenas seis familias que concretaron su traslado. A la fecha, 17 familias han firmado los convenios para programar su relocalización y activar el pago de los bonos del PDS, que según establece el contrato de concesión, debe asumir la sociedad concesionaria.
Como se recordará, el PDS es parte de las compensaciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y consiste en la entrega de bonos para que las familias puedan adquirir nuevos inmuebles con similares características a los que abandonarán. En ese contexto, los afectados han denunciado acciones de hostigamiento por parte de funcionarios de la consultora Novum Mare, filial de Astaldi, a cargo de la ejecución del PDS, con el objetivo de persuadir a los vecinos de firmar los mencionados convenios.
A ello se suma la demanda por incluir un plan ganadero en las compensaciones, ya que en la RCA no se consideró generar una herramienta que permitiera a los afectados continuar desarrollando una de sus principales actividades económicas, que es la crianza de ganado. Además, hay entre 30 y 40 personas que están solicitando ser incorporados al PDS y que no fueron incluidos en el catastro definitivo. Por ello, en Coihueco y San Fabián existe el interés por abrir y actualizar el catastro de afectados.
Línea de transmisión
En materia ambiental el principal tema pendiente es la tramitación del estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión eléctrica que se construirá para evacuar la energía que genere la central hidroeléctrica del embalse y que tendrá 23 kilómetros de longitud, entre La Punilla y San Fabián. El EIA de la línea de transmisión fue presentado al SEA el 29 de junio de 2017, luego que el 23 de marzo el SEA pusiera término anticipado a la evaluación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresada por Astaldi el 24 de enero de 2017, debido a que carecía de información relevante y a que correspondía presentar un EIA y no una mera declaración.
La empresa tiene plazo hasta el 31 de mayo para presentar la segunda adenda con las respuestas al segundo Icsara. Y si bien el proyecto aún está dentro de los plazos, en el MOP es considerado un nudo crítico, porque como sostuvo el ministro de Obras Públicas, “lo que tiene más riesgo de afectar los tiempos de construcción es el retraso en la evaluación ambiental de la línea de transmisión”.
Además, existe una cláusula de extinción anticipada del contrato en favor del concesionario, en caso de no obtenerse la RCA favorable para la línea de transmisión, que consiste en un plazo de 36 meses contados desde la publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de la concesión (junio de 2016), para lo cual restan aún 13 meses.
El juego de Astaldi
El diputado Frank Sauerbaum, quien ha planteado en reiteradas ocasiones su preocupación por los tiempos, reconoció que “estamos en la misma situación, no tenemos mayor avance respecto de la relocalización de las personas, que es el principal problema y las fechas no se están cumpliendo, ya no se cumplió el plazo de los primeros días de abril para la entrega de los terrenos a la empresa para el inicio de las obras, lo que no ocurrió. Obviamente hay un atraso evidente y el ministro va a tener que entregar una nueva calendarización. Pero primero necesitamos un real diagnóstico de lo que está pasando, porque hay versiones encontradas. En su momento yo denuncié este atraso y las autoridades del MOP me desmintieron y las que todavía siguen en el ministerio dicen que todo va bien. A mí me inquieta que no sean más diligentes y yo se lo expuse al Presidente Piñera esta semana. Hay demasiada confianza en las decisiones que se tomaron antes y no se han tomado acciones para acelerar el proceso”.
El diputado reconoció que el proceso de instalación del nuevo Gobierno ha impedido avanzar con mayor celeridad, “porque cuando están las mismas personas, los resultados no pueden ser distintos”, y anticipó que el asesor que visitará Punilla podría ser un profesional distinto. “Yo hablé con el ministro y me dijo que van a enviar a otra persona, yo espero que lo haga luego”, reveló.
En cuanto al proceso de relocalización, el legislador apuntó sus dardos a la concesionaria: “La empresa está esperando que le aprueben la línea de transmisión para entregar la plata de las indemnizaciones de las familias. Y la empresa no pierde mucho, porque si no le aprueban la línea y no se cumplen los plazos, saldrá indemnizada”.
Sentido de urgencia
Por su parte, el diputado Jorge Sabag afirmó que es indispensable que el delegado del ministro visite la zona con prontitud. “Ya han pasado casi cuatro semanas desde que se anunció, yo creo que este proceso tiene que tomarse con un sentido de urgencia, este es un proyecto muy relevante, y ahora no podemos retrasarlo aún más, en ese sentido, yo le he transmitido mi preocupación al Gobierno”.
El parlamentario añadió que “si bien el proyecto está en etapa de diseño, este año debieran iniciarse las obras y resolverse los problemas que están pendientes”, apuntando a la falta de celeridad del MOP: “En estos dos meses de Gobierno el proyecto no ha avanzado, siguen los mismos lomos de toro y no ha habido una respuesta, por lo tanto, yo esperaría que si se comprometieron a enviar un delegado, que lo hagan y que se resuelvan los inconvenientes a la brevedad posible. Yo tengo la confianza en que este proyecto se va a agilizar”.
Falta de voluntad
El alcalde de San Fabián, quien ha enviado numerosos oficios y se ha reunido con representantes del MOP, como el inspector fiscal de la obra, sostuvo que “la sociedad concesionaria tiene que establecer un proceso más rápido en las erradicaciones, porque hay muchas familias que han solicitado la aplicación del PDS, y la empresa no opera, tiene el proceso restringido. Yo siento que el avance ha sido muy lento”.
Respecto de la visita del asesor del ministro, dijo que “estamos en las conversaciones para que eso se concrete en cierto momento, hay que bajar todo el expediente del proyecto, hay que abordar todos los problemas de manera que cuando venga el asesor traiga soluciones concretas a todo lo que se ha planteado. Ya vino un profesional de la Dirección de Concesiones y estamos coordinando una reunión técnica, porque todo lo que nosotros hemos planteado es técnico, son situaciones que deben abordarse en terreno”.
Criticó la falta de voluntad de Astaldi por generar buenas relaciones con la comunidad, y citó como ejemplo la resistencia de la empresa a mantener en buen estado la ruta N-31 entre San Fabián y El Caracol, situación que finalmente fue zanjada previa intervención directa del ministro.
El jefe comunal destacó la importancia del diálogo entre las partes y las voluntades para superar los nudos críticos. “Siempre se han quejado de que el proyecto no avanza, pero el proyecto no avanza por las voluntades que no están disponibles para que esto se vaya ejecutando de buena manera”, sostuvo, y adelantó que hay programadas diversas reuniones tanto en Santiago como en San Fabián para dar respuesta a las preocupaciones de los vecinos. Al respecto, Almuna se mostró optimista respecto de lo que se puede lograr a partir de los compromisos de las nuevas autoridades.
“Dentro de los plazos”
Mucho más comprensiva y paciente se mostró la presidenta de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Margarita Letelier, que agrupa a unos 5 mil regantes que se verán beneficiados con la mega obra, pues a su juicio, la lentitud mostrada por el actual Gobierno obedece más bien a los tiempos de instalación.
“Cuando hay nuevas autoridades, no saben muy bien en qué etapas estamos, hay un poco de desconocimiento del proyecto, pero todo tiene sus tiempos y su cronograma, y desde esa óptica tenemos que esperar lo que ocurra con el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión, que entiendo es un muy buen estudio, que está dentro de los plazos, por lo que esperamos que sea aprobado; mientras tanto, la empresa avanza en la ejecución de la ingeniería de detalle”, comentó.