Local.- By Gabriela Varas Zamora-emol Junio 30, 2018 Recinto asistencial local junto a Higueras y Quellón son los únicos sin médicos obstetras objetores de conciencia
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dijo que "se debería ir avanzando hacia allá, pero siempre entendiendo que los colegas tienen su libertad de objetar".
Después de nueves meses desde que entró en vigencia la normativa que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, son tres los hospitales que no tienen ningún médico obstetra que haya declarado ser objetor de conciencia.
Según datos entregados por la subsecretaría de Redes Asistenciales mediante Transparencia, estos son el Hospital de San Carlos aquí Ñuble, Higueras de Talcahuano en la región del Biobío y el hospital de Quellón en Chiloé.
De acuerdo a estos datos, de los 1132 profesionales obstetras son 185, es decir el 16%, los que objetan la causal de peligro para la vida de la mujer. En el caso de inviabilidad fetal de carácter letal, la cifra aumenta a 270.
La causal que más rechazo genera entre los médicos obstetras es la tercera: en caso de violación. Entre los profesionales del país que trabajan en hospitales públicos, 484, un 42%, decidieron declararse contrarios a practicar un aborto en esta situación.
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dijo que si bien pensó "que iban a ser más" los recintos de salud donde todos sus doctores no tuviera objeción de conciencia, "se debería ir avanzando hacia allá, pero siempre entendiendo que los colegas tienen su libertad de objetar".
Siches también explicó que han pedido al Gobierno "todos los esfuerzos para, independiente de lo que hubiera en los distintos equipos, todos los hospitales de alta complejidad tuvieran disponible un equipo no objetor".
En el caso contrario hay dos hospitales que no cuentan con obstetras para realizar abortos en tres causales. En estas situaciones, las pacientes deben ser derivadas a un recinto hospitalario que realice el procedimiento.
Pero esto tiene problemas: información de "El Mercurio" indica que la superintendencia advirtió sobre la lentitud en la implementación del protocolo y que, según resultados preliminares de la fiscalización a prestadores públicos y privados, el 44% de ellos no cuenta con un reglamento para realizar la derivación.