Tras un largo proceso la Contraloría determinó que cuatro funcionarios del DAEM que recibieron asignaciones indebidas
deberán devolver parte de estos recursos, según lo dio a conocer el concejal Jorge Silva en la última sesión del concejo municipal de San Carlos.
En la oportunidad el edil indicó que había sido difícil, recabar la información dado que no se había informado del caso por parte del municipio, como tampoco había sido abordado en la comisión de educación, cuyo presidente, Sergio Ruiz, dijo desconocer los antecedentes.
El edil recordó que este caso fue denunciado en su oportunidad por el director de Control a través del Ordinario N° 37 a principiosdel 2017, donde se estableció que los funcionarios: Mirtha Sepúlveda Valenzuela; Susana Lorena Tapia Orellana, María Alicia Morales Carrasco y Arístides Hermosilla González prestaron servicios en el Departamento de Educación recibiendo además de su sueldo, beneficios económicos que solo se aplican a profesores que trabajan en escuelas, como lo son la Excelencia académica, Desempeño Difícil, Bono Reconocimiento Profesional título y Bono de Reconocimiento Profesional mención.
Claramente estos beneficios les fueron otorgados por orden del sostenedor y los funcionarios han declarado en todas la instancias que ellos "actuaron de buena fe".
Luego de un sumario investigativo el caso fue sancionado por la Contraloría, quien determinó que los funcionarios debían reintegrar dichos fondos, en tanto que el sostenedor dijo que él también había actuado de buena fe y que desde este caso en adelante todo acto sería verificado por el director de asesoría jurídica.
Posteriormente en febrero de 2017 los cuatro funcionarios acataron el memorándum del director jurídico y del director de control del municipio, volviendo dos a sus escuelas de origen (solo nombramiento estatuto docente) y dos que optaron por la modalidad de Código del trabajo, buscando evitar la dualidad de modalidades contractuales.
Dados los considerables montos involucrados los cuatro funcionarios apelaron a la Contraloría, petición que fue rechaza determinándose finalmente que deben restituir el 50% de lo percibido en 36 cuotas mensuales.
El concejal Silva indicó que debió plantear el caso en el concejo y pedir la intervención de la Directora del Daem, dado que no se ha informado al concejo municipal de estas resoluciones que llegaron al municipio el pasado 28 de agosto y que él pudo obtener directamente desde la Contraloría.
En la ocasión el edil Pedro Méndez cuestionó al concejal Jorge Silva por no haber actuado a través de la comisión que preside Sergio Ruiz.
Silva concluyó que el término de este caso se establece claramente que hubo una irregularidad y esta fue sancionada por la Contraloría ante la denuncia que hizo llegar al concejo y al alcalde el Director de Control del Municipio, Ricardo Parra Ortiz.